Congreso
Tener una buena administración pública debe ser un derecho constitucional: Dip. Natalia Rivera
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La iniciativa presentada por el Bancada Naranja obligaría al Gobierno brindar servicios de primera calidad y con buen trato. A respetar los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad, legalidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en la prestación de sus servicios públicos. Hermosillo, Sonora a 28 de febrero de 2023.- Para reconocer el derecho de las y los ciudadanos a recibir del Gobierno servicios de calidad, con oportunidad, eficiencia, apertura y buen trato, la diputada Natalia Rivera Grijalva, a nombre de la Bancada Naranja presentó la iniciativa para que la Buena Administración Pública sea un derecho Constitucional. "Incorporar la figura del derecho a la buena administración pública, significa poner como prioridad al ciudadano en el desarrollo de las actividades administrativas del Estado, obligando con ello a la administración pública a desempeñarse con respeto, sensibilidad y buen trato, en un marco de dignidad y protección de los derechos humanos en el ejercicio de su función.” Indicó la diputada ciudadana Natalia Rivera. En la lectura de la propuesta legislativa presentada ante el Pleno del Congreso, se señaló que este derecho se ha aplicado en otros países dando muy buenos resultados al obligar a los gobiernos a respetar los principios de generalidad, uniformidad, regularidad, continuidad, calidad, legalidad y uso de las tecnologías de la información y la comunicación, en la prestación de sus servicios públicos. La Buena Administración Pública incluye más de 30 derechos que al estar dispersos en distintas normas, el ciudadano no puede ejercerlos plenamente y lo pone en una situación de desventaja frente a la autoridad. Para resolver este desequilibrio se plantea que las oficinas públicas estén obligadas a elaborar y hacer pública una carta en la que expongan con claridad los derechos de los usuarios y las obligaciones de los funcionarios al momento de darse un servicio público, de tal forma que el ciudadano siempre tenga la mejor información para exigir servicios de calidad. Las y los legisladores de Movimiento Ciudadano, Natalia Rivera, Rosa Elena Trujillo, Ernesto de Lucas y Jorge Russo proponen reformar el artículo 2 de la Constitución Política del Estado de Sonora para reconocer el derecho de toda persona a la buena administración pública y así mejorar la relación gobierno-ciudadano
TODO EL PODER AL PUEBLO, SERVIDORES PÚBLICOS MÁS VIGILADOS: Diputado Iram Solís
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Aprueba el Congreso del Estado la iniciativa presentada por el diputado Iram Solís de la Ley de Gobierno y Administración Municipal en relación con la publicidad de las sesiones de comisiones de los ayuntamientos del Estado de Sonora. La presente propuesta garantiza el derecho de acceso a la información, promoviendo el principio de certeza jurídica, ya que, todas las acciones que realizan las autoridades municipales, deben ser completamente verificables, fidedignas y confiables. Es por ello que, el trabajo que se realice en las comisiones de cada Ayuntamiento, deberá ser público y darse a conocer en el portal de internet de dicho municipio con el único fin de dotar al ciudadano de más elementos para que sea un vigilante activo del trabajo de los servidores públicos y este pueda ser señalado, corregido, denunciado o en todo caso aprobado
Aprueba Congreso nueva normatividad para la Universidad de Sonora · Con su entrada en vigor será abrogada la
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Hermosillo, Son., febrero 23 de 2023.- Un nuevo marco normativo para la Universidad de Sonora, que garantizará una mayor vinculación de la máxima casa de estudios con los sectores sociales y el entorno estatal, con programas educativos que abonen a la construcción de una comunidad más justa, libre, incluyente, igualitaria y democrática, aprobó por mayoría calificada la LXIII Legislatura del Congreso del Estado de Sonora. Con la entrada en vigor de la nueva Ley Orgánica de la UNISON, al día siguiente de su publicación en el Boletín Oficial del Gobierno del Estado, quedará abrogada la actual Ley número 4, Orgánica de la Universidad de Sonora, publicada en el B.O. No. 4, Edición Especial de fecha 26 de noviembre de 1991, y se derogan todas las disposiciones que se opongan a la aplicación de la presente Ley, establece el Artículo Primero Transitorio. Las comisiones de Educación y Cultura, y de Gobernación y Puntos Constitucionales, presentaron el dictamen, que se elaboró con base en una iniciativa remitida a esta Soberanía por el titular del Poder Ejecutivo estatal, resolutivo normativo al que se le hicieron diversas precisiones, no solo para fortalecer su fundamento constitucional, sino para dar mayor claridad a los objetivos que debe tener una institución de educación superior tan importante para la sociedad sonorense, establece uno de los considerandos. La nueva Ley Orgánica de la Universidad de Sonora fue aprobada en lo general y en lo particular por los grupos parlamentarios de los partidos MORENA, del Trabajo, Nueva Alianza Sonora, Verde Ecologista de México y Encuentro Solidario, y en contra votaron las y los legisladores que integran los grupos parlamentarios del Partido Acción Nacional y de Movimiento Ciudadano. El dictamen establece en los considerandos que esta legislación tiene entre sus objetivos, además de los ya mencionados, promover el respeto de los derechos humanos tanto al interior de la Universidad como entre la sociedad sonorense; respetar los derechos laborales de sus trabajadores; administrar sus recursos con eficiencia, eficacia, ética y honestidad; promover el uso de las tecnologías de la información y comunicación en las sesiones de sus órganos colegiados, atendiendo al principio de máxima publicidad y transmisión. Alinear sus planes institucionales de desarrollo con los planes de desarrollo estatal y nacional; garantizar el principio de inclusión y el derecho a la gratuidad en sus procesos de admisión; precisar los alcances de las atribuciones de los diversos órganos de la Universidad, a fin de hacer más eficiente el trabajo administrativo y docente, así como lograr una mayor participación de los integrantes de la comunidad universitaria. La iniciativa fue presentada por el Gobernador del Estado, asociado del Secretario de Gobierno, el 3 de febrero pasado, en la cual dio a conocer que la propuesta fue enriquecida con una diversidad de opiniones y recomendaciones expresadas por la comunidad universitaria y la sociedad sonorense en la “Consulta a la Comunidad Universitaria y Sociedad Sonorense sobre reforma a la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora”. “Una Comisión Especial del Colegio Académico de la Universidad de Sonora diseñó la metodología de la consulta previa, la cual fue libre e informada en términos de lo dispuesto en el Artículo 2, párrafo tercero de la Ley General de Educación Superior, con el objetivo de elaborar una propuesta de reforma a la Ley Orgánica de la Universidad de Sonora que responda a las necesidades actuales y permita a la institución seguir contribuyendo al desarrollo social, cultural, científico, tecnológico, humanístico, productivo y económico del Estado y del país”, expuso. Las comisiones dictaminadoras, al abocarse al estudio de la iniciativa, la cual fue sometida a consulta en foros de Parlamento Abierto llevados a cabo al interior de la máxima casa de estudios y en las unidades regionales de Caborca, Hermosillo y Navojoa, tomaron como referencia lo establecido en el Artículo 2 de la Ley General de Educación Superior, misma que reglamenta al Artículo 3° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de educación superior. El Artículo 2 de la LGES establece que las universidades e instituciones de educación superior a las que la Ley otorgue autonomía, contarán con todas las facultades y garantías institucionales que se establecen en la fracción VII del referido Artículo 3° constitucional, y se regirán por sus respectivas leyes orgánicas, la normatividad que deriva de estas y, en lo que resulte compatible, por las disposiciones de la Ley General de Educación Superior. “En el caso particular, el Gobernador del Estado presenta a este Poder Legislativo una nueva Ley Orgánica de la Universidad de Sonora, mejor conocida como UNISON, consolidándose como el Alma Mater de las y los sonorenses a través de casi un siglo de existencia”, establece el dictamen Agrega que la máxima casa de estudios ha jugado un papel determinante y destacado en el desarrollo de todos los ámbitos del Estado de Sonora, desde su creación como plantel educativo autónomo mediante la Ley de Enseñanza Universitaria, promulgada el 22 de noviembre de 1938, antecedente normativo de la actual Ley Orgánica, publicada el 26 de noviembre de 1991. “Cabe destacar que dicha normatividad orgánica, conocida entre los universitarios como ´Ley 4´, por el número de Ley con que fue numerada por la Quincuagésima Tercera Legislatura (1991-1994), desde su entrada en vigor hace más de 31 años, no ha sido objeto de ninguna actualización por parte de este Poder Legislativo, a pesar de que nuestra máxima casa de estudios, a partir del fundamento jurídico que le proporcionó dicha Ley, ha evolucionado enormemente para dar respuesta a las cambiantes necesidades educativas de la sociedad sonorense”, destaca otro de los considerandos. Queda claro que existe un claro desfase entre el crecimiento de la Universidad de Sonora y su Ley Orgánica, que puede estancar la evolución de esta valiosa institución sonorense, lo que ha llevado a que la misma comunidad universitaria exija una nueva ley orgánica que otorgue las herramientas jurídicas necesarias para que el Alma Mater se mantenga como la institución universitaria más importante del Estado. También para que esté en condiciones de competir los primeros lugares a nivel nacional, por el alto nivel de educación superior que puede llegar a ofrecer, por lo cual las y los diputados que integran las comisiones de Educación y Cultura, y de Gobernación y Puntos Constitucionales, coincidieron en el hecho de que era necesario aprobar un nuevo marco normativo, sin embargo, fue necesario hacer diversas precisiones al resolutivo de la iniciativa original, establecieron. Será máximo órgano de gobierno de la UNISON el Colegio Universitario La Ley consta de 76 artículos divididos en nueve títulos: De la naturaleza y obligaciones; De las facultades; Del patrimonio; De la estructura; De la comunidad universitaria; De los reconocimientos y estímulos; De las responsabilidades; De la rendición de cuentas, fiscalización y transparencia; y De las disposiciones generales. Los órganos de gobierno de la Universidad de Sonora serán el Colegio Universitario; el titular de Rectoría; los colegios de las facultades interdisciplinaria; los titulares de las coordinaciones generales de las facultades interdisciplinarias; los colegios departamentales; y los titulares de las jefaturas de departamento, mientras que los órganos consultivos serán los colegios regionales de vinculación social y el Consejo Jurídico. El Colegio Universitario es la autoridad máxima de gobierno de la Universidad y estará integrado por el titular de Rectoría, quien lo presidirá; los titulares de las coordinaciones generales de las facultades interdisciplinaria; los titulares de las jefaturas de departamento; un representante del personal académico y otro del alumnado, que serán electos en cada uno de los departamentos; y un representante del personal manual y administrativo del Campus Universitario. Las representaciones del personal académico, del alumnado y del personal manual y administrativo durarán en su cargo dos años y no podrán ser reelectas en periodos consecutivos. Los representantes del personal académico y del alumnado ante el Colegio Universitario también formarán parte de los colegios departamentales respectivos, dice la Ley. Las personas titulares de la Secretaría General Académica, de la Secretaría General Administrativa y responsable administrativo de Campus tendrán voz, pero no voto en el Colegio Universitario; la persona titular de la Secretaría General Administrativa estará a cargo de la Secretaría del Colegio Universitario. Al dictamen le dieron lectura la diputada Beatriz Cota Ponce y el diputado Jacobo Mendoza Ruiz, presidentes de las comisiones de Educación y Cultura, y de Gobernación y Puntos Constitucionales, respectivamente. En la discusión en lo general hicieron uso de la voz los diputados Jorge Eugenio Russo Salido, Jacobo Mendoza Ruiz, Sebastián Antonio Orduño Fragoza, Héctor Raúl Castelo Montaño, así como las diputadas Sagrario Montaño Palomares, Rosa Elena Trujillo Llanes, Celeste Taddei Arriola, Paloma Terán Villalobos, Beatriz Cota Ponce y Ernestina Castro Valenzuela. Asimismo, se aprobaron por mayoría las reservas a diversos artículos presentadas por la diputada Castro Valenzuela. En esta sesión ordinaria, como se aprobó el pasado 21 de febrero, rindió protesta de Ley como titular del Órgano Interno de Control del Instituto Superior de Auditoría y Fiscalización, ISAF, el ciudadano Víctor Manuel Delgado Moreno. El Pleno del Congreso del Estado sesionará el martes 28 de febrero, a las 11:00 horas.
Realizan sesiones de Parlamento Abierto comisiones de Salud y de Asuntos del Trabajo
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Hermosillo, Son., febrero 22 de 2023.- En ejercicios de Parlamento Abierto, las comisiones de Salud y de Asuntos del Trabajo llevaron a cabo mesas de trabajo con la asistencia de invitados especiales, con el objeto de analizar y discutir iniciativas presentadas por diputadas y diputados, que se encuentran turnadas a ambas dictaminadoras. Primero se realizó la sesión de la Comisión de Salud, para lo cual el presidente de esta dictaminadora, diputado Óscar Eduardo Castro Castro, dio la bienvenida al Secretario de Salud del Gobierno del Estado, José Luis Alomía Zegarra; al delegado del ISSSTE en Sonora, Humberto Aguilar; y por el ISSSTESON, al doctor Isidro Ávila Félix. En esta sesión de trabajo se analizaron tres iniciativas con proyecto de decreto, la primera presentada por el diputado Castro, para adicionar un párrafo segundo al Artículo 30 de la Ley de Salud Mental; la segunda fue presentada por la diputada Elia Sahara Sallard Hernández, con el objeto de crear el programa de seguro de sangre individual; y la tercera presentada por la diputada Alma Higuera Esquer, para reformar el Artículo 39 de la Ley de Salud Mental del Estado de Sonora. “En esta sesenta y tres Legislatura aprobamos reformas, tanto a nuestra Constitución sonorense como a la Ley Orgánica del Congreso, en materia de Parlamento Abierto, para que antes de aprobar una iniciativa, estemos en obligación de consultar tanto con la ciudadanía como con autoridades”, expresó el diputado Óscar Eduardo Castro Castro. Agregó que por eso se convocó a autoridades en el ramo de la salud, que son quienes aplicarán en su momento estas reformas y conocen las entrañas del sector y de sus necesidades, además de que son los principales testigos de las secuelas que dejó en muchas personas la pandemia por el COVID-19, lo que a muchas personas llevó a enfrentar problemas de salud mental. El Secretario de Salud del Gobierno del Estado informó que revisaron la propuesta del diputado Castro, misma que consiste en que por cada 50 mil habitantes se pueda recibir atención psicológica y psiquiátrica, lo que el funcionario consideró como viable y un tema relevante, ya que la atención a la salud mental continuará en la Secretaría de Salud Pública, dada la transferencia con el IMSS Bienestar. Los psicólogos y psiquiatras están concentrados en las grandes ciudades, dijo, por eso lo que se puede hacer es diseñar un modelo que permita el acceso a todas las localidades, independientemente de que sean de menor población. Humberto Aguilar, delegado del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, ISSSTE, consideró que este tipo de iniciativas serán de gran ayuda para el Gobierno Federal, en virtud de que permitirá solicitar plantilla de especialistas en Psicología y Psiquiatría para atender el tema de la salud mental. El representante del ISSSTESON, Isidro Ávila Félix, expuso que el instituto atiende a 170 mil derechohabientes y cuentan con suficientes psicólogos y psiquiatras en las ciudades con mayor población, de ahí la necesidad de trabajar en una estrategia que permita que ese tipo de servicios lleguen a todos los lugares. En el orden del día siguió el análisis y discusión de la iniciativa presentada por la diputada Elia Sallard Hernández, con proyecto de decreto que adiciona la Ley de Salud para el Estado de Sonora, a efecto de crear un programa de seguro de sangre individual, propuesta que el titular de Salud aseguró que revisaron y la calificó como una gran idea para ayudar a las dependencias que cuentan con bancos de sangre, así como al Centro Estatal de Donación Sanguínea. Le ve gran utilidad a la iniciativa, sostuvo José Luis Alomía Zegarra, porque al quedar en la legislación sería de observancia obligatoria en el Estado y permitiría incrementar la logística para que todos los bancos de sangre se puedan sumar. Posteriormente se sometió al análisis y discusión la iniciativa presentada por la diputada Alma Higuera Esquer, con proyecto de decreto que reforma el Artículo 39 de la Ley de Salud Mental, a efecto de trabajar en la prevención para detectar en la educación básica a menores con problemas mentales, ya que estudios realizados en personas adultas con ese problema han determinado que pudo haber sido detectado desde la infancia, indicó. El representante del ISSSTESON sugirió que en la propuesta se agregue a la Secretaría de Educación y Cultura, a fin de tener más herramientas para hacer la detección planteada para la educación básica, de lo cual tomó nota la legisladora. Participaron en este Parlamento Abierto las diputadas Karina Zárate Félix, Rosa Elena Trujillo Llanes e Griselda Ilián López Martínez, así como los diputados Iram Leobardo Solís García y Próspero Valenzuela Múñer. Analizan iniciativas en Comisión de Asuntos del Trabajo La Comisión de Asuntos del Trabajo llevó a cabo una sesión de Parlamento Abierto, con el objeto de analizar y discutir las iniciativas presentadas recientemente por el diputado Ernesto Roger Munro Junior y la diputada Azalia Guevara Espinoza, quienes propusieron reformar la Ley para prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación en el Estado de Sonora, y la Ley que crea el Centro de Conciliación Laboral del Estado de Sonora, respectivamente. El diputado Sebastián Antonio Orduño Fragoza, presidente de la Comisión de Asuntos del Trabajo, dio la bienvenida al Secretario del Trabajo del Gobierno del Estado, Francisco Vásquez; al director del Centro de Conciliación Laboral, David Soto; y a la coordinadora de tribunales laborales del Poder Judicial del Estado, Marina Guadalupe Marín Gómez. Informó que la iniciativa que presentó el diputado Munro tiene por objeto erradicar la discriminación laboral en las y los adultos mayores, garantizando que sean empleadas y empleados conforme a la Ley, y en total apego a sus derechos laborales, para lo cual busca modificar la Ley para prevenir, combatir y eliminar actos de discriminación. El Secretario del Trabajo afirmó que el trabajador es el eje fundamental de la Secretaría a su cargo, la cual busca atender el rezago y que las empresas cuenten con patrones sensibles hacia los trabajadores, de ahí que una tarea importante es evitar la discriminación en los centros laborales, para lo cual se ha reunido con empresarios y organizaciones sindicales. Enseguida la diputada Azalia Guevara Espinoza presentó su iniciativa, bajo el considerando de que es obligación de este Congreso adoptar todas aquellas medidas legislativas necesarias para privilegiar el respeto a los derechos humanos, de manera que propone dos cambios a la Ley que crea el Centro de Conciliación Laboral. Planteó modificar dos requisitos previstos en el Artículo 49 para ser titular de dicho centro, el primero para que un aspirante a ocupar el cargo lo pueda ser, aun cuando haya sido sancionado por faltas administrativas graves, siempre y cuando hayan pasado diez años anteriores a la fecha de designación, ya que la legislación actualmente establece que la persona no debe haber sido sancionado con motivo de una investigación de carácter administrativo por infracciones graves, sin establecer una temporalidad. El Director del Centro de Conciliación Laboral, David Soto, informó que, a partir del inicio del nuevo sistema de justicia laboral, el pasado 3 de octubre, han resuelto el 93.3 por ciento de los asuntos, los cuales suman más de 17 mil, lo que ubica al Estado de Sonora en el primer lugar a nivel nacional en garantizar justicia pronta y expedita a los ciudadanos, ya que la conciliación es el eje central de este sistema. Marina Guadalupe Marín Gómez, coordinadora de tribunales laborales del Supremo Tribunal de Justicia, reconoció el trabajo que lleva a cabo la Comisión de Asuntos del Trabajo, pues aseguró que el diputado Orduño Fragoza ha sido uno de los actores principales que acompañó el proceso de implementación para consolidar la reforma en materia de justicia laboral. “El nuevo sistema de justicia laboral habla, como lo menciona el Gobernador, de un tema de justicia social; los trabajadores son una pieza fundamental y creo que ha sido un trabajo arduo de cada uno de ustedes, pues vemos los resultados que se han obtenido; ir en primer lugar a nivel nacional no es cualquier cosa y decirles que en el Congreso la comisión va a seguir trabajando para que esto mejore”, aseveró el legislador. En esta sesión de Parlamento Abierto participaron las diputadas Natalia Rivera Grijalva, Rebeca Irene Silva Gallardo, Alma Higuera Esquer y Celeste Taddei Arriola, así como el diputado Luis Arturo Robles Higuera.
Dictaminan Comisiones la iniciativa de Ley Orgánica de la Universidad de Sonora
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Hermosillo, Son., febrero 21 de 2023.- Las diputadas y los diputados que integran las Comisiones de Gobernación y Puntos Constitucionales y de Educación y Cultura, en forma unida, aprobaron por mayoría el proyecto de dictamen de la iniciativa que contiene el proyecto de Ley Orgánica de la Universidad de Sonora, presentada por el Gobernador de Sonora. Acompañado por la diputada Beatriz Cota Ponce, presidenta de la Comisión de Educación y Cultura, el diputado Jacobo Mendoza Ruiz, presidente de la Comisión de Gobernación y Puntos Constitucionales, sometió para su análisis, discusión y en su caso, dictaminación el proyecto de dictamen de la iniciativa con proyecto de Ley Orgánica de la Universidad de Sonora, presentada por Alfonso Durazo Montaño, titular del Poder Ejecutivo, asociado del Secretario de Gobierno. El legislador Mendoza Ruiz informó que las Comisiones de dictamen llevaron a cabo el proceso legislativo al recibir la iniciativa y esta, al ser turnada a las comisiones, se realizó una ruta de trabajo mediante el ejercicio de Parlamento Abierto en el que se escucharon a todas las voces, así mismo a través del micrositio en la página de internet del Congreso local; las expresiones universitarias y de la población en general; además de reuniones con alumnos, maestros y sindicatos de manera ordenada. “Producto de todas esas reuniones, consultas y propuestas se entregó a las y los integrantes de las comisiones en estudio, una relatoría de los foros los cuales establecen un imperativo de la comunidad universitaria para realizar cambios profundos a la iniciativa que permitan a la Universidad iniciar una nueva era a su interior que garantice el derecho de los universitarios a ejercer de manera plena su autonomía y democracia interna sin injerencias externas”, expresó. Es necesario, dijo, realizar cambios que permitan la elección de sus autoridades de todos los niveles mediante votaciones universales, libres y ponderadas, así como también garantizar el derecho constitucional a la gratuidad de la educación en los términos de la Ley General de Educación. El diputado Mendoza Ruiz explicó que en la iniciativa se establecen cambios en tres rubros fundamentales que son: la supresión del Consejo de Gobierno; redistribuyendo sus facultades al Colegio Universitario, al Órgano Interno de Control y a los Consejos Regionales de Vinculación, la simplificación de la estructura administrativa de la Universidad. También modificar el Artículo Transitorio Tercero para garantizar la autonomía de la Institución educativa y, agregó, para lo cual se propone que sea una instancia universitaria quien emita una convocatoria, por única ocasión, para realizar el proceso electoral orientado a elegir de manera democrática a los representantes del personal académico, alumnado y personal manual y administrativo, excluyendo en cualquier proceso al Congreso del Estado. El diputado Jacobo Mendoza hizo entrega de un documento que contiene las reservas propuestas realizadas por los grupos parlamentarios que integran la coalición “Juntos haremos historia” para la modificación de la iniciativa, acto seguido, para atender la agenda establecida para la sesión de este día realizaron un receso. Al reanudar la sesión, las diputadas Alejandra López Noriega y Rosa Elena Trujillo Llanes y el diputado Ernesto De Lucas Hopkins, coincidieron en señalar que es necesario continuar con el proceso de consulta a la comunidad universitaria para hacer un análisis más profundo, escuchar también a cámaras empresariales y sociedad civil para llegar a un dictamen de unidad incluyendo a todas las fuerzas políticas representadas en el Congreso local, con el propósito de entregarle a la Universidad de Sonora un andamiaje jurídico fortalecido. En la reunión estuvieron presentes también las diputadas Rebeca Irene Silva Gallardo, María Jesús Castro Urquijo, Azalia Guevara Espinoza, Ivana Celeste Taddei Arriola, Karina Teresita Zárate Félix, Diana Karina Barreras Samaniego y Ernestina Castro Valenzuela y los diputados Sebastián Orduño Fragoza, Fermín Trujillo Fuentes, Héctor Raúl Castelo Montaño, Iram Leobardo Solís García y Próspero Valenzuela Múñer. El proyecto de dictamen aprobado por mayoría será enviado a la Comisión de Régimen Interno y Concertación Política para que sea incluido en el orden del día de una próxima sesión de pleno.
Reciben propuestas a iniciativas turnadas a la Comisión de Justicia y Derechos Humanos
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Hermosillo, Son., febrero 21 de 2023.- Las diputadas y el diputado integrantes de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos sostuvieron una sesión de trabajo para analizar y discutir tres iniciativas que se encuentran turnadas a dicha dictaminadora con los temas de divorcio igualitario, infanticidio y derechos humanos. La diputada Diana Karina Barreras Samaniego, presidenta de la Comisión de Justicia y Derechos Humanos, solicitó, en primer término, a la diputada Paloma Terán Villalobos expusiera en qué consiste la iniciativa que presentó recientemente, con proyecto de decreto que reforma diversas disposiciones del Código de Familia para el Estado de Sonora. La legisladora expuso que se trata de armonizar la protección de los derechos y garantías de las y los cónyuges en materia de demandas de divorcio en el Estado de Sonora, para lo cual propuso cambios por considerar que los sonorenses que pertenecen a la comunidad LGBTIQ+ se encuentran desprotegidos al momento de enfrentar una situación de este tipo. Agregó que en el Código de Familia no está establecida la figura del divorcio igualitario, además de que vulnera la igualdad sustantiva, al seguir utilizando los términos marido y mujer, lo que deja sin protección a integrantes de la comunidad que se encuentran bajo la figura del matrimonio igualitario y que, en dado caso, llegaren a iniciar una demanda de divorcio para disolver el vínculo matrimonial. Leyla Acedo Ung participó en esta reunión de trabajo con la representación del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, una vez que analizaron la propuesta de la diputada Terán Villalobos, la cual consideró de suma relevancia y necesaria, pues se trata, dijo, de armonizar el ordenamiento jurídico bajo un enfoque de derechos, brindando seguridad jurídica a los cónyuges, sin vulnerar los derechos de algún grupo de atención prioritaria. Indicó que, a fin de brindar mayores elementos a las personas juzgadoras para emitir una resolución acorde a la igualdad sustantiva de derechos, el titular de la CEDH estimó viable una propuesta de redacción para que diga que, en el caso del matrimonio igualitario, la persona juzgadora tendrá el arbitrio para determinar, justificadamente, la forma en la que se tutelarán los bienes jurídicos que proteja esta disposición, siempre con una perspectiva de derechos humanos. En representación de la Fiscal General de Justicia del Estado, Mónica Martínez informó que la iniciativa con proyecto de decreto para reformar el tercer párrafo de la fracción I del Artículo 140 del Código de Familia, se puede considerar como un pendiente de armonización respecto a la figura del matrimonio igualitario, por lo que dicha reforma evitará actos de discriminación y, por consiguiente, la igualdad entre los cónyuges. Dijo que sea el Juez el que dé valor sobre cuál de los cónyuges que buscan el divorcio es el que debe seguir habitando el domicilio conyugal y cuál debe ser separado del mismo, tomando en cuenta los argumentos y los medios probatorios que se presenten y, por supuesto, en atención a los derechos humanos de cada persona involucrada, por lo que la Fiscalía considera procedente la modificación planteada. También participó el activista pro derechos humanos, Daniel del Sol, quien sostuvo que a través de la agrupación Visible Sonora, se ha dedicado a luchar por este tipo de causas, como lo fue en 2021 el matrimonio igualitario, y ahora para que cuando existan demandas de divorcio, no queden desprotegidos los integrantes de la comunidad LGBTIQ+. Enseguida se abocaron al análisis de la iniciativa presentada por las diputadas y el diputado integrantes del grupo parlamentario del Partido Acción Nacional, con proyecto de decreto que reforma el Artículo 263 Ter del Código Penal del Estado de Sonora. La diputada Sagrario Montaño Palomares explicó que se trata de aumentar la penalidad por el delito de homicidio infantil, homologándolo al feminicidio, por considerar que ambos son de alto impacto en la sociedad. “Las estadísticas lamentablemente van en aumento en casos de infanticidio en el país y en el Estado, pues de 17 a 20 niños sufren violencia diariamente en Sonora, y esto es indicador de que esos niños, lamentablemente, pueden llegar a ser víctimas de homicidio”, aseveró. La iniciativa busca modificar el Código Penal para que quien incurra en el delito de infanticidio sea castigado con una pena que va de 45 a 70 años, más multa de tres mil a cinco mil Unidades de Medida y Actualización, pues las niñas y los niños son lo más sagrado que hay en la sociedad, por eso se debe trabajar por sus derechos, proteger su inocencia y velar por su bienestar. En el siguiente punto del orden del día, relativo al análisis, discusión y, en su caso, dictaminación del escrito del Presidente de la Comisión Estatal de Derechos Humanos, mediante el cual solicita que la Comisión de Justicia y Derechos Humanos cite a comparecer a la Fiscal General de Justicia del Estado, la diputada Diana Karina Barreras Samaniego informó que trabajan en esta solicitud, por lo que en una próxima sesión será dictaminada. “Quede asentado que se realizó la entrega del dictamen para que sea analizado por quienes integramos esta comisión y dictaminar en una sesión posterior”, expresó, para después agradecer a quienes presentaron propuestas, mismas que tomarán en cuenta. Asistieron las diputadas Alicia Gaytán Sánchez, Celeste Taddei Arriola, Rosa Elena Trujillo Llanes, Beatriz Cota Ponce y el diputado Ernesto Roger Munro Junior.
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